Liliana 
        Martinez por "Hoy 
         
        Randy Credico, un activista que dejó su carrera como comediante para dedicarse 
        de lleno a la lucha contra las leyes Rockefeller, lleva una energía rabiosa 
        contra del sistema carcelario. Su papá pagó 10 años de prisión por un 
        delito no violento durante los años de la Gran Depresión: 'Mi padre fue 
        una persona amargada, pues le robaron gran parte de su vida'. Pero lo 
        que más perturba a Credico es la cantidad de hijos separados de sus padres. 
        'Al poner un hombre en prisión, muchas veces su madre muere, su esposa 
        lo deja, sus hijos son violados... Sale de la cárcel sin nada; muchas 
        veces violado. Es una persona bastante afectada psicológicamente. Es una 
        bomba de tiempo andante. Esto es lo que llamo 'los años oscuros'. El portavoz 
        de 'Legal Aid Society' (Sociedad de Ayuda Legal), Robert Newman, afirma 
        a su vez que 'las leyes Rockefeller han destruido vidas, familias y comunidades 
        y no han eliminado el problema de la drogadicción'. Su organización apoya 
        la restauración del albedrío a los jueces para imponer sentencias basadas 
        en el problema y las necesidades de los acusados. 'Las leyes están siendo 
        aplicadas y administradas de forma racista', dice. La Sociedad de Ayuda 
        Legal propone abolir el delito A1, que impone de 15 años a cadena perpetua 
        a cualquier persona que posea cuatro onzas o más, o venda dos onzas o 
        más, de cualquier sustancia narcótica. La medida de la ley va de acuerdo 
        'al peso agregado', sin importar que tan pura o impura sea la sustancia, 
        o el valor monetario de esta. La ley también dicta que una sentencia de 
        prisión de 1 a 3 años y hasta 8 a 25 años, (dependiendo del albedrío del 
        juez) para cualquier transgresor de la ley que venda cualquier cantidad 
        de cualquier narcótico. Newman afirma que la única forma posible de obtener 
        una condena más leve es declarándose culpable. Un gran número de personas 
        llamadas 'mulas', usadas simplemente para transporta droga con o sin su 
        conocimiento, se ven obligadas a aceptar condenas de 3 a 5 años, ya que 
        si van a un juicio enfrentarían de 15 años a cadena perpetua, así el juez 
        lo considere excesivo. En su congestionada oficina al sur de Mahnattan, 
        el activista Credico nos muestra evidencias: decenas de carpetas con casos, 
        fotos, videos, recortes de prensa... Sabe de memoria los números de teléfono 
        de los casos, y al abrir una capeta lee en voz alta la declaración de 
        un juez en uno de los casos: 'Creo que es una sentencia muy dura, pero 
        yo no establezco el tiempo límite de las sentencias en los casos de felonías 
        A1. La legislatura ha quitado todo albedrío a la corte y ha declarado 
        una sentencia mínima de 15 años a cadena perpetua. Si tuviera el albedrío 
        creo que hubiera aceptado la sugerencia del consejero, en la categoría 
        de 8 años a cadena perpetua pero no la tengo'. Credico afirma que es absurdo 
        que se le esté imponiendo sentencias más duras a delitos no violentos 
        que a delitos de homicidio. El afirma que en los años ochentas toda la 
        gente en el mundo de la farándula y los negocios consumía drogas. 'Yo 
        cargaba lo suficiente como para ir a prisión', sin embargo los comediantes 
        y los grandes narcotraficantes no están tras las rejas; capturan las personas 
        en los rangos más bajos. 'El 100 por ciento es gente pobre; el 94.5 por 
        ciento es gente de las llamadas minorías; esto se puede comparar con una 
        'limpieza racial', dice. Credico no cree que una persona con un trabajo 
        decente vaya a exponer su vida vendiendo drogas para ganarse100 dólares. 
        'Están agarrando gente desesperada', afirma. Newman, de la Sociedad de 
        Ayuda Legal, dice que en algunos casos se trata de drogadictos que tratan 
        de hacer negocio para sostener su propio vicio. 'Deberían ser asignados 
        a un programa de tratamiento no a la cárcel'. Miles de casos incluye a 
        personas acusadas de vender pequeñas cantidades de cocaína (lo que se 
        llama un paquetico de 10 dólares), donde la ley requiere que incluso con 
        la primera ofensa vaya a una prisión del estado. En algunos condados se 
        puede evitar la sentencia y acudir a tratamiento de rehabilitación sólo 
        si se declara culpable. En los casos de segunda infracción, muchas veces 
        la persona es drogadicta, tuvo un período de prueba pero sin ningún tratamiento 
        y continúa siendo drogadicta. Muchas veces comete otro delito al vender 
        otro paquetico y en este caso la ley dicta (a menos que se declare culpable) 
        una sentencia obligatoria de 4 a 9 años en prisión. 'Es excesivo, el juez 
        debe tener la capacidad de enviar a esa persona a un programa de tratamiento 
        residencial', dice Newman. 'No estamos diciendo que queremos eliminar 
        las leyes en contra de las drogas, ni legalizar las drogas; queremos reformar 
        las características particulares de estas leyes que las hacen únicas y 
        muy severas', concluye. La lucha de Credico es incansable. Repite los 
        nombres de sus casos de memoria: Melita Oliveira, Jessica Valencia, Sandra 
        Garcia, Holmes Ortiz, Fernando Familia, Ana Badia, Juior Gumbs... 'Son 
        los de abajo', insiste. 'Pero en el negocio de las drogas son muchos los 
        que se benefician: los grandes banqueros, los ejecutivos, hasta la esposa 
        del coronel norteamericano encargado de la lucha contra las drogas en 
        Colombia, el coronel Hiett, quien fue encontrada con toneladas de cocaína. 
        ¿Y cuanto tiempo recibió ella? 5 años', afirma. Credico afirma que"los 
        fiscales son los únicos interesados en mantener la ley, 'pues sino se 
        quedarían sin trabajo. Ven los casos como objetos que promoverán su carrera 
        de abogacía'. Según Newman, los fiscales pueden permitir que alguien que 
        haya poseído o vendido drogas (un delito en primer grado) se declaren 
        culpable a un cargo de segundo grado con una condena de 3 años a cadena 
        perpetua. 'En Brooklyn o Manhattan eso sucede muy frecuentemente pero 
        en algunos condados del norte del estado son mucho más fuertes. Muchos 
        ofensores arrestados por primera vez por posesión de drogas serían encontrados 
        no culpables si fueran a juicio pero ellos no toman el riesgo por miedo 
        a lo que les espera en el juicio', dice. Por otro lado, el presidente 
        de la Asociación de Fiscales Distritales de Nueva York, Robert Carney, 
        quien se oponen a abolir la ley de Rockefeller, afirma que 'al quitar 
        las sentencias obligatorias se quitaría también la coerción'. Muchas personas 
        abandonarían sus tratamientos contra la drogadicción al tratar de convencer 
        a un juez de que la ley no se debe aplicar a ellos o que tienen derecho 
        a la libertad condicional. Aunque asegura apoyar el cambio del aspecto, 
        de las felonías A1 por considerarla severa. 'Hay personas convictas por 
        A1, traficantes de bajo nivel o 'mulas', cuando los verdaderos culpables 
        son sus organizaciones'. 
         
        Las controversiales 'Leyes Rockefeller' recibieron dicho nombre porque 
        en 1973 el entonces gobernador Nelson Rockefeller convenció al poder legislativo 
        de adoptar estrictas medidas en contra de las personas que poseían o vendían 
        estupefacientes. Estas leyes establecen que una persona convicta por vender 
        dos o más onzas o poseer cuatro o más onzas de algún estupefaciente recibirá 
        una sentencia de 15 años a cadena perpetua en prisión. Según Kevin Muscoreil, 
        activista en contra de las sentencias proferidas bajo las leyes Rockefeller, 
        fue esta una solución 'personal' del gobernador Rockefeller al problema 
        de las drogas toda vez que creía que al imponer sentencias severas nadie 
        se atrevería a usarlas y menos a comercializarlas. Al parecer el hijo 
        de un amigo de él era adicto a la heroína y el se mostraba muy afectado 
        por el caso. El propósito inicial de la legislación era frenar el consumo 
        o la venta de drogas, además de castigar y aislar de la sociedad a aquellos 
        que no la acataran. Se pensaba que los esfuerzos de rehabilitación habían 
        fracasado y la epidemia de la drogadicción solamente podría ser destruida 
        con un inflexible y severo castigo. Sin embargo el Comité de Evaluación 
        de las Leyes sobre las Drogas reportó en 1976 que el propagado uso de 
        heroína no había disminuido después de la aplicación de la ley en 1973. 
        Ese mismo año los legisladores retiraron la marihuana de la lista de sustancias 
        catalogas como 'narcóticas' por la ley de Rockefeller, disminuyendo así 
        el tono de criminalidad al uso y posesión de menos de 7 u 8 onzas de marihuana. 
        La decisión se tomó dada la gran cantidad de recursos de justicia criminal 
        invertidos y el crecimiento de la población en las prisiones de Nueva 
        York. Era inmenso número de personas capturadas con marihuana. En 1979, 
        después de muchas críticas, la legislatura enmendó las leyes, aumentando 
        la cantidad de droga señalada para sentenciar a alguien a 15 años de prisión 
        o a cadena perpetua por posesión o venta de ella. Pero en 1988, debido 
        al auge del 'crack', de nuevo se rebajó la cantidad para poder arrestar 
        y sentenciar las personas que poseían pequeñas cantidades de droga. Desde 
        entonces la ley no ha tenido ninguna reforma. Esta semana la Asamblea 
        Estatal publicará una detallada propuesta legislativa tendiente a reformar 
        las leyes sobre las drogas. Según Robert Newman, portavoz de 'Legal Aid 
        Society' (Sociedad de Ayuda Legal) y quien presentó el pasado 4 de mayo 
        una propuesta de re evaluación de la ley Rockefeller ante 'State Senate 
        Democratic Task Force' (Comité Demócrata del Senado), 'el siguiente paso 
        es que la Asamblea anuncie qué es lo que va a hacer con la Ley Rockefeller. 
        Dicha propuesta permitirá la discusión entre el Senado, el gobernador 
        George Pataki y la Asamblea con el fin de buscar una solución legislativa 
        definitiva'. Estadísticas de miedo Según la Sociedad de Ayuda Legal, son 
        estas las dolorosas cifras: Casi todos los estudios demuestras que la 
        mayoría de las personas que consumen y expenden drogas en Nueva York y 
        en la Nación son blancas, sin embargo los afroamericanos y los latinos 
        conforman el 94 por ciento de los detenidos o condenados. Los afroamericanos 
        son el 48.7 por ciento, los latinos 45.5 por ciento, y los blancos el 
        4.9 por ciento. De las 3.504 mujeres que estaban en las cárceles de Nueva 
        York en 1988, el 56.3 por ciento está allí por delitos asociados con drogas. 
        El 91 por ciento de ellas pertenecen a las llamadas minorías (54.3 por 
        ciento afroamericanas y 36.7 por ciento atinas) y el 8.4 son blancas. 
        En diciembre de 1998 había más de 22.000 personas en las cárceles de Nueva 
        York por delitos relacionados con drogas, aproximadamente el 33 por ciento 
        de toda la Nación. De las 19.453 reclusiones del sistema de prisión del 
        Estado de Nueva York en 1998, el 46.6 por ciento (9.063 personas) cometieron 
        delitos relacionados con las drogas. En 1980, 886 personas fueron enviadas 
        a prisión estatal, que equivale al 11 por ciento del total de las reclusiones 
        para ese año.  
         
        De todas las personas convictas por delitos relacionados con drogas en 
        las prisiones del Estado de Nueva York en 1997, aproximadamente el 80 
        por ciento nunca fue declarada culpable de delitos violentos y aproximadamente 
        la mitad nunca fue arresta por un delito violento.  
         
        Un estudio realizado por la Universidad de Harvard reportó que de los 
        1.175 prisioneros en las cárceles de Massachusetts, aproximadamente la 
        mitad de las personas sentenciadas a largos períodos con sentencias obligatorias 
        por delitos relacionados con la droga no tenían ningún antecedente criminal. 
        Este estudio concluyó que el encarcelamiento por asuntos de droga no ha 
        mermado el problema de la drogadicción.  
         
        Las cifras del City Project (Project de la Ciudad):  
        Desde 1981, el Estado de Nueva York ha aumentado 46.000 camas en la prisión, 
        con costos de construcción de más de 4.5 billones de dólares, sin incluir 
        el servicio de endeudamiento. En 164 años (de 1817 a 1981) Nueva York 
        ha abierto 33 centros penitenciarios. En los últimos 17 años (de 1982 
        a 1999) el estado añadió 38 cárceles al sistema. El sistema de prisiones 
        emplea a casi 30.000 personas, en distritos senatoriales y en áreas que 
        muchas veces urgen de desarrollo económico.  
         
        Las cárceles ubicadas en esos distritos reciben más de 1.1 billones de 
        dólares al año para cubrir el gasto operativo. 
         
        Los testimonios  
        José García, un inmigrante cubano que murió en 1999 en la cárcel 
        de Green Haven cuando tenía 70 años , cumplía una condena de 15 años a 
        cadena perpetua al ser acusado de conspiración en la venta de una pequeña 
        cantidad de cocaína. En una entrevista a la televisión antes de morir 
        afirmó que 'cuando una persona se acuesta en la cárcel, a cualquier edad, 
        muere. Se sabe que se está vivo cuando se levanta'. Miguel Angel Arenas, 
        cubano de 37 años, veterano de la Fuerza Aérea, fue arrestado por vender 
        2.02 onzas de cocaína. Al rechazar el acuerdo con el fiscal, por de 6 
        años de prisión, su caso fue a juicio. El Juez Fisher (quien según testigos 
        no estaba de acuerdo con la sentencia) lo condenó a 15 años o cadena perpetua. 
        Su madre Norma Arenas, de 76 años, tiene complicaciones de salud, asma, 
        diabetes además de sufrir derrame cerebral y no ha podido ver a su hijo 
        desde hace 8 años. Entre llantos, ella dice que lo que más le importa 
        es verlo. 'No puedo hacer nada. es como caer en el vacío'. Maritza 
        Santos, puertorriqueña, fue condenada a 15 años o cadena perpetua 
        por poseer 4.5 onzas de cocaína. Su hija, Ana Santos de 18 años vive con 
        su abuela que está muy enferma. Ana ha estado separada de su madre desde 
        los 8 años. Aunque acaba de ser madre, la entristece mucho que su pequeña 
        hija no pueda compartir con su abuela. 'Con un poquito menos le hubiesen 
        dado de 1 a 5 años. No conozco a mi madre. Ha estado en la prisión por 
        10 años. Veo a otras personas con sus madres y no sé porqué mi mami no 
        puede regresar a casa', dice Ana. Roberto Sánchez, de 19 años, 
        casado y con una hija, vio morir a su papá de una sobredosis y nunca se 
        atrevió a probar las drogas, pero no niega haber hecho algo malo al tratar 
        de mejorar su vidas. Aunque no fue acusado de posesión ni venta de drogas, 
        ya ha cumplido 11 años por asociación ilícita. 'Vengo de una familia muy 
        pobre de los 'proyectos'; quería ayudar a mi mamá, que estaba sola. Era 
        muy duro. Esa es la vida del barrio'. El actor de los Monsters, Al 
        Lewis, es un gran activista en la lucha por la abolición de la ley 
        Rockefeller. El dice que 'la gente que asesina no cumple el tiempo que 
        esta gente cumple. Ellos cometieron un error, no hay duda, pero es como 
        decimos: demasiado tiempo para un crimen no violento. Gritaré hasta el 
        último aliento que Dios me dé'.    
      
         
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