Liliana
Martinez por "Hoy
Randy Credico, un activista que dejó su carrera como comediante para dedicarse
de lleno a la lucha contra las leyes Rockefeller, lleva una energía rabiosa
contra del sistema carcelario. Su papá pagó 10 años de prisión por un
delito no violento durante los años de la Gran Depresión: 'Mi padre fue
una persona amargada, pues le robaron gran parte de su vida'. Pero lo
que más perturba a Credico es la cantidad de hijos separados de sus padres.
'Al poner un hombre en prisión, muchas veces su madre muere, su esposa
lo deja, sus hijos son violados... Sale de la cárcel sin nada; muchas
veces violado. Es una persona bastante afectada psicológicamente. Es una
bomba de tiempo andante. Esto es lo que llamo 'los años oscuros'. El portavoz
de 'Legal Aid Society' (Sociedad de Ayuda Legal), Robert Newman, afirma
a su vez que 'las leyes Rockefeller han destruido vidas, familias y comunidades
y no han eliminado el problema de la drogadicción'. Su organización apoya
la restauración del albedrío a los jueces para imponer sentencias basadas
en el problema y las necesidades de los acusados. 'Las leyes están siendo
aplicadas y administradas de forma racista', dice. La Sociedad de Ayuda
Legal propone abolir el delito A1, que impone de 15 años a cadena perpetua
a cualquier persona que posea cuatro onzas o más, o venda dos onzas o
más, de cualquier sustancia narcótica. La medida de la ley va de acuerdo
'al peso agregado', sin importar que tan pura o impura sea la sustancia,
o el valor monetario de esta. La ley también dicta que una sentencia de
prisión de 1 a 3 años y hasta 8 a 25 años, (dependiendo del albedrío del
juez) para cualquier transgresor de la ley que venda cualquier cantidad
de cualquier narcótico. Newman afirma que la única forma posible de obtener
una condena más leve es declarándose culpable. Un gran número de personas
llamadas 'mulas', usadas simplemente para transporta droga con o sin su
conocimiento, se ven obligadas a aceptar condenas de 3 a 5 años, ya que
si van a un juicio enfrentarían de 15 años a cadena perpetua, así el juez
lo considere excesivo. En su congestionada oficina al sur de Mahnattan,
el activista Credico nos muestra evidencias: decenas de carpetas con casos,
fotos, videos, recortes de prensa... Sabe de memoria los números de teléfono
de los casos, y al abrir una capeta lee en voz alta la declaración de
un juez en uno de los casos: 'Creo que es una sentencia muy dura, pero
yo no establezco el tiempo límite de las sentencias en los casos de felonías
A1. La legislatura ha quitado todo albedrío a la corte y ha declarado
una sentencia mínima de 15 años a cadena perpetua. Si tuviera el albedrío
creo que hubiera aceptado la sugerencia del consejero, en la categoría
de 8 años a cadena perpetua pero no la tengo'. Credico afirma que es absurdo
que se le esté imponiendo sentencias más duras a delitos no violentos
que a delitos de homicidio. El afirma que en los años ochentas toda la
gente en el mundo de la farándula y los negocios consumía drogas. 'Yo
cargaba lo suficiente como para ir a prisión', sin embargo los comediantes
y los grandes narcotraficantes no están tras las rejas; capturan las personas
en los rangos más bajos. 'El 100 por ciento es gente pobre; el 94.5 por
ciento es gente de las llamadas minorías; esto se puede comparar con una
'limpieza racial', dice. Credico no cree que una persona con un trabajo
decente vaya a exponer su vida vendiendo drogas para ganarse100 dólares.
'Están agarrando gente desesperada', afirma. Newman, de la Sociedad de
Ayuda Legal, dice que en algunos casos se trata de drogadictos que tratan
de hacer negocio para sostener su propio vicio. 'Deberían ser asignados
a un programa de tratamiento no a la cárcel'. Miles de casos incluye a
personas acusadas de vender pequeñas cantidades de cocaína (lo que se
llama un paquetico de 10 dólares), donde la ley requiere que incluso con
la primera ofensa vaya a una prisión del estado. En algunos condados se
puede evitar la sentencia y acudir a tratamiento de rehabilitación sólo
si se declara culpable. En los casos de segunda infracción, muchas veces
la persona es drogadicta, tuvo un período de prueba pero sin ningún tratamiento
y continúa siendo drogadicta. Muchas veces comete otro delito al vender
otro paquetico y en este caso la ley dicta (a menos que se declare culpable)
una sentencia obligatoria de 4 a 9 años en prisión. 'Es excesivo, el juez
debe tener la capacidad de enviar a esa persona a un programa de tratamiento
residencial', dice Newman. 'No estamos diciendo que queremos eliminar
las leyes en contra de las drogas, ni legalizar las drogas; queremos reformar
las características particulares de estas leyes que las hacen únicas y
muy severas', concluye. La lucha de Credico es incansable. Repite los
nombres de sus casos de memoria: Melita Oliveira, Jessica Valencia, Sandra
Garcia, Holmes Ortiz, Fernando Familia, Ana Badia, Juior Gumbs... 'Son
los de abajo', insiste. 'Pero en el negocio de las drogas son muchos los
que se benefician: los grandes banqueros, los ejecutivos, hasta la esposa
del coronel norteamericano encargado de la lucha contra las drogas en
Colombia, el coronel Hiett, quien fue encontrada con toneladas de cocaína.
¿Y cuanto tiempo recibió ella? 5 años', afirma. Credico afirma que"los
fiscales son los únicos interesados en mantener la ley, 'pues sino se
quedarían sin trabajo. Ven los casos como objetos que promoverán su carrera
de abogacía'. Según Newman, los fiscales pueden permitir que alguien que
haya poseído o vendido drogas (un delito en primer grado) se declaren
culpable a un cargo de segundo grado con una condena de 3 años a cadena
perpetua. 'En Brooklyn o Manhattan eso sucede muy frecuentemente pero
en algunos condados del norte del estado son mucho más fuertes. Muchos
ofensores arrestados por primera vez por posesión de drogas serían encontrados
no culpables si fueran a juicio pero ellos no toman el riesgo por miedo
a lo que les espera en el juicio', dice. Por otro lado, el presidente
de la Asociación de Fiscales Distritales de Nueva York, Robert Carney,
quien se oponen a abolir la ley de Rockefeller, afirma que 'al quitar
las sentencias obligatorias se quitaría también la coerción'. Muchas personas
abandonarían sus tratamientos contra la drogadicción al tratar de convencer
a un juez de que la ley no se debe aplicar a ellos o que tienen derecho
a la libertad condicional. Aunque asegura apoyar el cambio del aspecto,
de las felonías A1 por considerarla severa. 'Hay personas convictas por
A1, traficantes de bajo nivel o 'mulas', cuando los verdaderos culpables
son sus organizaciones'.
Las controversiales 'Leyes Rockefeller' recibieron dicho nombre porque
en 1973 el entonces gobernador Nelson Rockefeller convenció al poder legislativo
de adoptar estrictas medidas en contra de las personas que poseían o vendían
estupefacientes. Estas leyes establecen que una persona convicta por vender
dos o más onzas o poseer cuatro o más onzas de algún estupefaciente recibirá
una sentencia de 15 años a cadena perpetua en prisión. Según Kevin Muscoreil,
activista en contra de las sentencias proferidas bajo las leyes Rockefeller,
fue esta una solución 'personal' del gobernador Rockefeller al problema
de las drogas toda vez que creía que al imponer sentencias severas nadie
se atrevería a usarlas y menos a comercializarlas. Al parecer el hijo
de un amigo de él era adicto a la heroína y el se mostraba muy afectado
por el caso. El propósito inicial de la legislación era frenar el consumo
o la venta de drogas, además de castigar y aislar de la sociedad a aquellos
que no la acataran. Se pensaba que los esfuerzos de rehabilitación habían
fracasado y la epidemia de la drogadicción solamente podría ser destruida
con un inflexible y severo castigo. Sin embargo el Comité de Evaluación
de las Leyes sobre las Drogas reportó en 1976 que el propagado uso de
heroína no había disminuido después de la aplicación de la ley en 1973.
Ese mismo año los legisladores retiraron la marihuana de la lista de sustancias
catalogas como 'narcóticas' por la ley de Rockefeller, disminuyendo así
el tono de criminalidad al uso y posesión de menos de 7 u 8 onzas de marihuana.
La decisión se tomó dada la gran cantidad de recursos de justicia criminal
invertidos y el crecimiento de la población en las prisiones de Nueva
York. Era inmenso número de personas capturadas con marihuana. En 1979,
después de muchas críticas, la legislatura enmendó las leyes, aumentando
la cantidad de droga señalada para sentenciar a alguien a 15 años de prisión
o a cadena perpetua por posesión o venta de ella. Pero en 1988, debido
al auge del 'crack', de nuevo se rebajó la cantidad para poder arrestar
y sentenciar las personas que poseían pequeñas cantidades de droga. Desde
entonces la ley no ha tenido ninguna reforma. Esta semana la Asamblea
Estatal publicará una detallada propuesta legislativa tendiente a reformar
las leyes sobre las drogas. Según Robert Newman, portavoz de 'Legal Aid
Society' (Sociedad de Ayuda Legal) y quien presentó el pasado 4 de mayo
una propuesta de re evaluación de la ley Rockefeller ante 'State Senate
Democratic Task Force' (Comité Demócrata del Senado), 'el siguiente paso
es que la Asamblea anuncie qué es lo que va a hacer con la Ley Rockefeller.
Dicha propuesta permitirá la discusión entre el Senado, el gobernador
George Pataki y la Asamblea con el fin de buscar una solución legislativa
definitiva'. Estadísticas de miedo Según la Sociedad de Ayuda Legal, son
estas las dolorosas cifras: Casi todos los estudios demuestras que la
mayoría de las personas que consumen y expenden drogas en Nueva York y
en la Nación son blancas, sin embargo los afroamericanos y los latinos
conforman el 94 por ciento de los detenidos o condenados. Los afroamericanos
son el 48.7 por ciento, los latinos 45.5 por ciento, y los blancos el
4.9 por ciento. De las 3.504 mujeres que estaban en las cárceles de Nueva
York en 1988, el 56.3 por ciento está allí por delitos asociados con drogas.
El 91 por ciento de ellas pertenecen a las llamadas minorías (54.3 por
ciento afroamericanas y 36.7 por ciento atinas) y el 8.4 son blancas.
En diciembre de 1998 había más de 22.000 personas en las cárceles de Nueva
York por delitos relacionados con drogas, aproximadamente el 33 por ciento
de toda la Nación. De las 19.453 reclusiones del sistema de prisión del
Estado de Nueva York en 1998, el 46.6 por ciento (9.063 personas) cometieron
delitos relacionados con las drogas. En 1980, 886 personas fueron enviadas
a prisión estatal, que equivale al 11 por ciento del total de las reclusiones
para ese año.
De todas las personas convictas por delitos relacionados con drogas en
las prisiones del Estado de Nueva York en 1997, aproximadamente el 80
por ciento nunca fue declarada culpable de delitos violentos y aproximadamente
la mitad nunca fue arresta por un delito violento.
Un estudio realizado por la Universidad de Harvard reportó que de los
1.175 prisioneros en las cárceles de Massachusetts, aproximadamente la
mitad de las personas sentenciadas a largos períodos con sentencias obligatorias
por delitos relacionados con la droga no tenían ningún antecedente criminal.
Este estudio concluyó que el encarcelamiento por asuntos de droga no ha
mermado el problema de la drogadicción.
Las cifras del City Project (Project de la Ciudad):
Desde 1981, el Estado de Nueva York ha aumentado 46.000 camas en la prisión,
con costos de construcción de más de 4.5 billones de dólares, sin incluir
el servicio de endeudamiento. En 164 años (de 1817 a 1981) Nueva York
ha abierto 33 centros penitenciarios. En los últimos 17 años (de 1982
a 1999) el estado añadió 38 cárceles al sistema. El sistema de prisiones
emplea a casi 30.000 personas, en distritos senatoriales y en áreas que
muchas veces urgen de desarrollo económico.
Las cárceles ubicadas en esos distritos reciben más de 1.1 billones de
dólares al año para cubrir el gasto operativo.
Los testimonios
José García, un inmigrante cubano que murió en 1999 en la cárcel
de Green Haven cuando tenía 70 años , cumplía una condena de 15 años a
cadena perpetua al ser acusado de conspiración en la venta de una pequeña
cantidad de cocaína. En una entrevista a la televisión antes de morir
afirmó que 'cuando una persona se acuesta en la cárcel, a cualquier edad,
muere. Se sabe que se está vivo cuando se levanta'. Miguel Angel Arenas,
cubano de 37 años, veterano de la Fuerza Aérea, fue arrestado por vender
2.02 onzas de cocaína. Al rechazar el acuerdo con el fiscal, por de 6
años de prisión, su caso fue a juicio. El Juez Fisher (quien según testigos
no estaba de acuerdo con la sentencia) lo condenó a 15 años o cadena perpetua.
Su madre Norma Arenas, de 76 años, tiene complicaciones de salud, asma,
diabetes además de sufrir derrame cerebral y no ha podido ver a su hijo
desde hace 8 años. Entre llantos, ella dice que lo que más le importa
es verlo. 'No puedo hacer nada. es como caer en el vacío'. Maritza
Santos, puertorriqueña, fue condenada a 15 años o cadena perpetua
por poseer 4.5 onzas de cocaína. Su hija, Ana Santos de 18 años vive con
su abuela que está muy enferma. Ana ha estado separada de su madre desde
los 8 años. Aunque acaba de ser madre, la entristece mucho que su pequeña
hija no pueda compartir con su abuela. 'Con un poquito menos le hubiesen
dado de 1 a 5 años. No conozco a mi madre. Ha estado en la prisión por
10 años. Veo a otras personas con sus madres y no sé porqué mi mami no
puede regresar a casa', dice Ana. Roberto Sánchez, de 19 años,
casado y con una hija, vio morir a su papá de una sobredosis y nunca se
atrevió a probar las drogas, pero no niega haber hecho algo malo al tratar
de mejorar su vidas. Aunque no fue acusado de posesión ni venta de drogas,
ya ha cumplido 11 años por asociación ilícita. 'Vengo de una familia muy
pobre de los 'proyectos'; quería ayudar a mi mamá, que estaba sola. Era
muy duro. Esa es la vida del barrio'. El actor de los Monsters, Al
Lewis, es un gran activista en la lucha por la abolición de la ley
Rockefeller. El dice que 'la gente que asesina no cumple el tiempo que
esta gente cumple. Ellos cometieron un error, no hay duda, pero es como
decimos: demasiado tiempo para un crimen no violento. Gritaré hasta el
último aliento que Dios me dé'.
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